Hoy Esteban Germán Navarro cumpliría 24 años. Lo haría si no hubiese sido asesinado a los 17, cuarenta días después de haber sido contratado, bajo la identidad travesti de Mara, en una despedida de soltero festejada en el Comando de Patrullas de la Policía de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.
Unos pocos restos de su cuerpo aparecieron en abril del 2005, seis meses después de su desaparición el 28 de octubre anterior. Recién entonces se inició la causa penal que, siete años más tarde, sigue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, aunque siempre se habló de homicidio. Los policías que participaron en la fiesta, Miguel Tagliaferro, Hipólito Mendoza, Carlos Aspiroz, Juan Rodríguez, Alberto García fueron sobreseídos y los hermanos Ariel y Juan Pablo Yungblut son los únicos que tienen causa judicial. Según el Juez de Garantías Antonio Cayetano Saladino, esa fiesta dentro de una institución pública en la que se pagó a un menor por servicios sexuales “puede ser inmoral, constituir pecado, pero, para mí, (Saladino) no es delito” (diario El Popular, 20 de julio de 2008, Olavarría).
El actual fiscal del caso, el fiscal Martín Pizzolo dice que el asesino fue un hombre que “aterrorizaba” a los homosexuales que se prostituían. Pero Graciela Alderete, la madre de Esteban Germán, denuncia que, a pesar de que el sospechoso, Héctor Oscar Ocaña, es conocido suyo y vive a dos cuadras de su casa, ni siquiera se lo llamó a declarar. Cuando Alderete expresó en el diario El Popular que se había sentido “usada para tapar otras cosas” por el fiscal Pizzolo (diario El Popular, 26 de abril del 2011, Olavarría), éste presentó una denuncia contra ella, por delito de acción pública. La madre de Navarro declaró el martes 12 de julio de 2011, hace una semana y media, frente al Fiscal Cristian Citterio, en General Alvear. Hizo una presentación escrita de diez páginas para el Fiscal General del departamento de Azul, Eduardo Serradell, denunciando las irregularidades y presiones en la causa.
Graciela ha elevado sus críticas a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al Ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal, al Gobernador bonaerense Daniel Scioli, al ex gobernador Felipe Solá, y al Ministro de la Cartera de Seguridad provincial, Juan Pablo Cafiero. Pero el crimen sigue impune, y nadie en el sistema judicial parece estar interesado en que la investigación experimente algún avance. Hecho que no sorprende a los olavarrienses, ya acostumbrados por los casos de Andrea Tranchini en el 2006 y en el de Mairel Mora en el 2011, a que la justicia funcione sólo para los mismos que la dictan.
Quienes escribimos esta nota lo hicimos por considerarlo un crimen social, por entender que este es un caso no solo de falta de justicia a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos de nuestro país sino de homofobia y discriminación social que disminuyen las posibilidades de esclarecimiento del caso a siete años de lo sucedido.
